Ahora que la Comisión de Justicia del Congreso tiene aprobada la Ley que nos adapta al Reglamento europeo de Protección de Datos, ésta continúa su camino en el Pleno. El debate sobre los alcances de la norma acaba de empezar, mientras profesionales de todos los ámbitos se matriculan en diversos programas y cursos de Protección de Datos y el RGPD para prepararse ante los próximos cambios.

El eje principal del trabajo de la Comisión de Justicia es, como se conoce, armonizar la ley española a lo impartido por el Reglamento europeo. Se trata de un trabajo que incursiona en áreas todavía medio exploradas, como la aplicación de los derechos que asisten a un ciudadano en el mundo digital. De hecho, el texto contiene la frase “protección de datos personales y garantía de los derechos digitales”. Una iniciativa de vital importancia en tiempos donde fenómenos como las redes sociales han cambiado los criterios de socialización, sobre todo entre los más jóvenes.

Como es de esperarse, el centro del debate está precisamente allí: en los derechos digitales. Algunos sectores, por ejemplo, el tecnológico, quieren una participación mayor en el contenido de aquellos apartados que afectan el centro de su negocio: como la regulación en el tráfico de datos sobre sus usuarios.

Ciertamente, lo que rodea el uso de la información que incesantemente vertemos en la red ha tenido siempre sus puntos claros y oscuros. El debate en la sociedad lleva años gestándose, sin embargo, el trámite que se vive en el Congreso parece transcurrir sin trascendencia que debería tener.

En concreto, parte del sector tecnológico argumenta que la regulación sobre Protección de Datos y su implicación sobre los derechos digitales que se está preparando guarda varias indefiniciones. Y en los negocios la palabra “indefinición” puede traducirse como inseguridad jurídica, por ejemplo, cuando se confunden conceptos y la nueva norma se cruza con leyes y reglamentos preexistentes.

Derecho al olvido

Existe, cómo no, otro punto de gran interés en esta discusión, y que vuelve a tocarse en el nuevo texto legal: el famoso derecho al olvido y a la rectificación.

En la actuación regular de la Agencia Española de Protección de Datos ya estaba recogido este “derecho de supresión” que un usuario puede ejercer. En síntesis, si se reúnen algunas características, puede impedirse que datos personales aparezcan como parte de los resultados de búsqueda (el caso de información que, aunque cierta, no ofrece interés público o es antigua).

Claro, el ejercicio de este derecho tiene varios matices importantes. Puede ocurrir que alguien logre un borrado por parte de Google, por considerarse que sus resultados suman datos y amplían el impacto en la privacidad; pero no por parte de las fuentes originales (como los editores de una página Web). Es decir, la información puede desaparecer de los resultados de búsquedas, pero no de Internet.

Pero hay otra cara en el debate, donde muchos especialistas y plataformas ciudadanas alertan: el tratamiento que recibe el derecho al olvido en la nueva Ley de Protección de Datos puede provocar movimientos de censura en Internet.

Ya que prescinde de varios filtros judiciales que podrían permitir, por ejemplo, que un individuo sobre el que se difunde una información producto de investigación periodística (corrupción, conducta reprochable, credenciales académicas falsas, etc.) logre, no el borrado, pero sí la introducción de alertas o avisos al usuario que le llevarían a dudar de la información por más sólida que sea la fuente.

En resumen, la complejidad del nuevo escenario traído por el RGPD y la futura Ley de Protección de Datos de carácter personal obliga a una participación de académicos y especialistas bien acreditados, pero esa masa de expertos es algo que todavía está edificándose.

La UNED y la Fundación UNED participan con fuerza en esta transcendental temática social, política y económica poniendo en marcha un grupo de cursos de primer nivel sobre Protección de Datos y el RGPD: consúltelas aquí.